Derechos humanos y empresas transnacionales

Existen fuertes asimetrías de poder entre las empresas y las poblaciones, e incluso entre las empresas y varios Estados, que generan situaciones de abusos y violaciones de los derechos humanos, además de bloquear el acceso a la justicia de las poblaciones afectadas.

En la noche del 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada por cuatro hombres en su casa; el activista mexicano Gustavo Castro, que estaba con ella, recibió un tiro de refilón en la oreja derecha. El 2 de mayo, las autoridades hondureñas detuvieron a cuatro sospechosos del asesinato, dos de ellos vinculados a las fuerzas de seguridad y los otros dos, a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), encargada de llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, al cual Cáceres y sus compañeros se oponían. Los financistas del proyecto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Finnfund y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO, por su sigla en neerlandés), fueron advertidos por Cáceres sobre la violencia y la violación a los derechos humanos asociados al proyecto, pero continuaron con el financiamiento incluso después de la muerte de la activista.

El 22 de marzo del mismo año, Sikhosiphi «Bazooka» Rhadebe, activista contra la explotación minera en Sudáfrica, fue también asesinado en su casa, delante de su hijo menor. Rhadebe era director del Comité de Crisis Amadiba, que resistía el proyecto de explotación minera de arenas en Xolobeni, en la costa este del país. El proyecto es conducido por una subsidiaria de la Mineral Commodities Limited (MRC) de Australia. La muerte ocurrió después de un largo y bien documentado historial de conflictos en torno del proyecto y de las poblaciones afectadas cuyas preocupaciones no estaban siendo atendidas.

El 5 de noviembre de 2015, el pueblo brasileño fue víctima del mayor delito socioambiental vivido alguna vez en la historia del país, con la ruptura del dique de desechos minerales de Samarco Mineração SA, emprendimiento conjunto de las empresas Vale SA y BHP Billiton, que dio inicio a un desastre que ha causado impactos incalculables en los estados de Minas Gerais, Espíritu Santo y Bahía. Los señalados como responsables por la mayor tragedia ambiental del Brasil, que dejó al menos 17 muertos y generó un tsunami de barro que alcanzó el río Dulce y llegó al litoral de Espíritu Santo, pueden responder por crímenes que contemplan penas previstas de uno a cinco años de prisión.

El 24 de abril de 2013, el derrumbe del edificio de ocho pisos conocido como Rana Plaza, en Bangladesh, provocó la muerte de 1.127 trabajadoras y trabajadores que se encontraban allí. El edificio albergaba fábricas independientes de ropa, vinculadas a las cadenas de abastecimiento de las marcas Benetton, The Children’s Place, Primark, Monsoon, DressBarn y H&M. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, y también murieron muchos de sus hijos que permanecían en una guardería en el mismo lugar. Las advertencias realizadas en la víspera de la tragedia, luego de la aparición de grietas, no fueron consideradas.

En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, en Bhopal (India), gases tóxicos de una fábrica de pesticidas de Union Carbide –después adquirida por Dow Chemicals– mataron a 3.000 personas de forma directa y aproximadamente a otras 10.000 indirectamente, mientras que 150.000 sufren todavía los efectos del accidente. Aunque la pérdida fue causada por recortes de gastos que afectaron las condiciones de seguridad en la fábrica india, Union Carbide no acepta hasta hoy la responsabilidad por lo ocurrido. Este caso, junto con el asesinato de miembros del pueblo ogoni en Nigeria, es paradigmático

Es necesario y urgente construir sobre todo soluciones al problema presentado por la acción de las empresas transnacionales en virtud de su peso político y económico infinitamente asimétrico en relación con las víctimas y con muchos Estados en los que se establecen, al mismo tiempo que se buscan soluciones para el problema real y lógico de que empresas de origen y actuación «nacional» también deban respetar los derechos humanos. 

Extracto del informe "Derechos Humanos y empresas transnacionales"