Existen
fuertes asimetrías de poder entre las empresas y las poblaciones,
e incluso entre las empresas y varios Estados, que generan
situaciones de abusos y violaciones de los derechos humanos, además
de bloquear el acceso a la justicia de las poblaciones afectadas.
En
la noche del 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, coordinadora general
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH), fue asesinada por cuatro hombres en su casa; el
activista mexicano Gustavo Castro, que estaba con ella, recibió un
tiro de refilón en la oreja derecha. El 2 de mayo, las autoridades
hondureñas detuvieron a cuatro sospechosos del asesinato, dos de
ellos vinculados a las fuerzas de seguridad y los otros dos, a la
empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), encargada de
llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río
Gualcarque, al cual Cáceres y sus compañeros se oponían. Los
financistas del proyecto, el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), el Finnfund y el Banco de Desarrollo Holandés
(FMO, por su sigla en neerlandés), fueron advertidos por Cáceres
sobre la violencia y la violación a los derechos humanos asociados
al proyecto, pero continuaron con el financiamiento incluso después
de la muerte de la activista.
El
22 de marzo del mismo año, Sikhosiphi «Bazooka» Rhadebe, activista
contra la explotación minera en Sudáfrica, fue también asesinado
en su casa, delante de su hijo menor. Rhadebe era director del Comité
de Crisis Amadiba, que resistía el proyecto de explotación minera
de arenas en Xolobeni, en la costa este del país. El proyecto es
conducido por una subsidiaria de la Mineral Commodities Limited
(MRC) de Australia. La muerte ocurrió después de un largo y
bien documentado historial de conflictos en torno del proyecto y de
las poblaciones afectadas cuyas preocupaciones no estaban siendo
atendidas.
El
5 de noviembre de 2015, el pueblo brasileño fue víctima del mayor
delito socioambiental vivido alguna vez en la historia del país, con
la ruptura del dique de desechos minerales de Samarco Mineração SA,
emprendimiento conjunto de las empresas Vale SA y BHP Billiton,
que dio inicio a un desastre que ha causado impactos incalculables en
los estados de Minas Gerais, Espíritu Santo y Bahía. Los señalados
como responsables por la mayor tragedia ambiental del Brasil, que
dejó al menos 17 muertos y generó un tsunami de barro que alcanzó
el río Dulce y llegó al litoral de Espíritu Santo, pueden
responder por crímenes que contemplan penas previstas de uno a cinco
años de prisión.
El
24 de abril de 2013, el derrumbe del edificio de ocho pisos conocido
como Rana Plaza, en Bangladesh, provocó la muerte de 1.127
trabajadoras y trabajadores que se encontraban allí. El edificio
albergaba fábricas independientes de ropa, vinculadas a las cadenas
de abastecimiento de las marcas Benetton, The Children’s Place,
Primark, Monsoon, DressBarn y H&M. La mayoría de las
víctimas fueron mujeres, y también murieron muchos de sus hijos que
permanecían en una guardería en el mismo lugar. Las advertencias
realizadas en la víspera de la tragedia, luego de la aparición de
grietas, no fueron consideradas.
En
la madrugada del 3 de diciembre de 1984, en Bhopal (India), gases
tóxicos de una fábrica
de pesticidas de Union Carbide –después adquirida por Dow
Chemicals– mataron
a 3.000 personas de forma directa y aproximadamente a otras 10.000
indirectamente, mientras que 150.000 sufren todavía los efectos del
accidente. Aunque la pérdida fue causada por recortes de gastos que
afectaron las condiciones de seguridad en la fábrica india, Union
Carbide no acepta hasta hoy la responsabilidad por lo ocurrido. Este
caso, junto con el asesinato de miembros del pueblo ogoni en Nigeria,
es paradigmático
Es
necesario y urgente construir sobre todo soluciones al problema
presentado por la acción de las empresas transnacionales en virtud
de su peso político y económico infinitamente asimétrico en
relación con las víctimas y con muchos Estados en los que se
establecen, al mismo tiempo que se buscan soluciones para el problema
real y lógico de que empresas de origen y actuación «nacional»
también deban respetar los derechos humanos.
Extracto del informe "Derechos Humanos y empresas transnacionales"
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